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Primero fue la Sen. Marybel Villegas con proyecto de decreto contra los abusos de las outsourcing; hoy se discute en comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos.
El pasado 20 de septiembre, es decir, en menos de 21 días, el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, criticado por ampararse con el sindicalismo charro, hace lo que el PRI no hizo 70 años, pues ingresa una iniciativa de ley donde se pide ratificar el Acuerdo 98 de la Organización Mundial del Trabajo que aboga por los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados y las dignas condiciones en todo centro de trabajo.
La simulación
El acuerdo en cuestión data de 1949, por lo que el gobierno mexicano, como país miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conocía de esta legislación internacional, misma que no fue ni firmada y menos ratificada, sino hasta 2015 en que el Presidente Enrique Peña Nieto hizo lo propio, envió el documento a la Secretaría del Trabajo cuyo titular era Alfonso Navarrete Prida (hoy Secretario de Gobernación), quien expresó que, estando todo en orden, se turnaba al Senado de la República para realizar las discusiones correspondientes para su posterior implementación en breve.
Lamentablemente, esas consultas se hicieron lentas y largas y sus resultados nunca fueron ingresados hasta estos días, cuando la bancada de MORENA en voz del Sen. Gómez Urrutia las desempolvó del archivo, las revisó y hoy está ratificando el Acuerdo 98 de la OIT para su inmediata implementación.
Pasó lo de siempre, el Presidente hizo lo suyo, el Secretario de Estado también, pero contaban con que el asunto sería trabado en el Poder Legislativo, de aquí que se hable de simulación, lo que era cada vez más normal en este país, por lo que tanto el Ejecutivo Federal como su Secretario quedaban "libres" de culpa.
La omisión de los líderes: Romero Deschamps y Gordillo Morales
Llama la atención que los líderes de los sindicatos más grandes y poderosos del país pasaron por el Poder Legislativo y ninguno de ellos hizo nada de este tipo.
Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores de PEMEX, fue Diputado y Senador hasta el hartazgo, ocupó el cargo en 5 legislaturas, todas de forma plurinominal (nunca hizo campaña y nadie votó por él jamás), llegando a acumular experiencia de 21 años como legislador.
Nunca presentó una sola iniciativa de ley, proyecto de decreto o servilleta de restaurante con alguna idea o propuesta y tampoco subió a tribuna, quedando las curules y escaños que ocupó como formas de pago del PRI para legitimarse en el poder.
Elba Esther Gordillo Morales, lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), igual fue Diputada que Senadora, llegando incluso a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en 1987. En total acumula 9 años de experiencia legislativa.
A diferencia de su contraparte petrolero, la "maestra" Gordillo tuvo un papel más activo en las legislaturas, sin embargo, nunca hizo algo ni medianamente cercano que pusiera sobre la mesa la discusión del Acuerdo 98 de la OIT, pues si lo hubiera hecho con la influencia y el apoyo del SNTE, no se hubiese ignorado.
Gordillo quedó, como Romero Deschamps, como una moneda de cambio del PRI que, en el momento en que dejó de ser útil, simplemente fue encarcelada.
En concreto
Gómez Urrutia habla muy bien cuando afirma que México tiene una deuda histórica con la fuerza trabajadora y que el Estado Mexicano ha hecho muy mal en privilegiar los grandes capitales de empresarios nacionales y extranjeros, mismos que se han beneficiado con su ayuda para explotar a la fuerza de trabajo en nuestro propio suelo, generando en muchos lugares condiciones, incluso, de esclavitud, lo que está prohibido por el Artículo 1º Constitucional, párrafo 4.
Cabe mencionar que no se habló solo de las ventajas para los trabajadores, sino también para los empresarios, pues en los países donde se ha implementado el Acuerdo 98 de la OIT, han visto grandes beneficios, tanto en aumento de salarios, como en su poder adquisitivo y generando mayor y mejor producción de bienes y servicios. Dicho de otra forma, todos ganan.
Una vez que el Senado por fin resolvió la ratificación del Acuerdo, ahora solo queda que el Presidente Peña Nieto haga lo suyo y publique lo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.
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