Esta iniciativa, que comenzará el 1 de agosto, se enfoca en combatir delitos como las extorsiones telefónicas y el cobro de "derecho de piso", que han afectado gravemente a comerciantes locales.
La estrategia se basa en cinco ejes operativos, que incluyen la detención de delincuentes mediante investigación e inteligencia, la creación de unidades antiextorsión y la prevención de delitos desde centros penitenciarios.
Además, se habilitará la línea 089 para denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad de los denunciantes.
Se dará prioridad a ocho estados donde ocurre el 66% de las extorsiones: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Las medidas contemplan el bloqueo de líneas telefónicas, congelamiento de cuentas bancarias e investigaciones para identificar a los responsables con pruebas sólidas.
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