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En su proyecto de sentencia, la Ministra argumenta que la creación de la Guardia Nacional no vulnera la Constitución y no reduce las facultades de los estados y municipios en materia de seguridad pública.
La creación de la Guardia Nacional, según la Ministra, tiene como objetivo principal proteger la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y mantener el orden público y la paz social.
La ley impugnada también contempla mecanismos de colaboración y coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública.
En conclusión, la Ministra rechaza la aseveración de la asociación civil de que la centralización de poder en materia de seguridad pública lleva a la militarización del país ya que la Guardia Nacional actúa como una policía civil, no castrense.
La propuesta será votada por los ministros la próxima semana y puede ser aprobada con sólo 6 votos de los 11 integrantes de la Corte debido a que se trata de un amparo, mientras que el proyecto opuesto presentado por el Ministro Juan Luis González necesita 8 votos de sus pares, pues pretende declarar la medida inconstitucional.
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