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Hace un par de meses el Presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto que, ciertamente protege regiones con mantos acuíferos que han perdido más nivel de lo normal, sin embargo con esa protección también viene la apertura de otros mantos con el "pretexto" de que pueden ser explotados, pues tienen buen nivel de agua.
El gran problema de todo esto es la forma en que ahora se tiene acceso a la explotación de mantos acuíferos y cuencas hidrológicas, pues no se necesitan requisitos rigurosos como estudios de impacto ambiental, las concesiones pueden solicitarse vía internet y pueden obtenerse hasta por 30 años.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Pedro Moctezuma Barragán, quien es coordinador del Programa de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), declaró que con la entrada en vigor de los decretos de Peña Nieto se pretende privatizar el agua sin considerarla como un derecho humano en sí y marginando las necesidades de los pueblos originarios que saldrían afectados por la sobrexplotación que vendría en un futuro por parte de los concesionarios.
Por su parte en el Congreso de la Unión ya se gestan las medidas legales necesarias para frenar este atentado al medio ambiente y a la calidad de vida de millones de mexicanos, sin embargo el tiempo corre y en cuanto una empresa tenga la primera concesión, seguramente una tras otra, irán obteniendo las de más.
Esto no sería preocupante si tuviéramos una legislación adecuada, tanto para evitar la sobrexplotación de los recursos naturales concesionados, como para aplicar sanciones fuertes e insalvables a los causantes de daños ecológicos, pero la experiencia nos ha enseñado que esto no es así. Desastres como el derrame de petroleo en aguas del Golfo de México por British Petroleum, la contaminación del Río Sonora por una minera de Grupo México o el atentado al Manglar Tajamar en Quintana Roo son evidencias contundentes de esto.
Y usted, estimado lector, ¿qué opina... estamos exagerando o los efectos del decreto deben ser frenados de inmediato?
“La mayoría de las comunidades rurales, pueblos originarios, las mexicanas y los mexicanos en los barrios no tienen su firma electrónica ni tienen la información para llegar primero antes que esta hilera de especuladores a hacerse, no sólo de las aguas nacionales, sino también de zonas federales".
Por su parte en el Congreso de la Unión ya se gestan las medidas legales necesarias para frenar este atentado al medio ambiente y a la calidad de vida de millones de mexicanos, sin embargo el tiempo corre y en cuanto una empresa tenga la primera concesión, seguramente una tras otra, irán obteniendo las de más.
Esto no sería preocupante si tuviéramos una legislación adecuada, tanto para evitar la sobrexplotación de los recursos naturales concesionados, como para aplicar sanciones fuertes e insalvables a los causantes de daños ecológicos, pero la experiencia nos ha enseñado que esto no es así. Desastres como el derrame de petroleo en aguas del Golfo de México por British Petroleum, la contaminación del Río Sonora por una minera de Grupo México o el atentado al Manglar Tajamar en Quintana Roo son evidencias contundentes de esto.
Y usted, estimado lector, ¿qué opina... estamos exagerando o los efectos del decreto deben ser frenados de inmediato?
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