Sueldos en la Suprema Corte ¿caprichos o derechos constitucionales?

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Recientemente salió a la luz una señora declaración del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar que, palabras más, palabras menos, dejó ver el ínfimo interés que tienen los jueces con respecto al bienestar social, el cual intenta ser restablecido con el Plan de Austeridad Republicana del virtual (aunque ya prácticamente despacha como si estuviese en funciones) presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El motivo de la inconformidad es que, según él marco legal vigente (aunque no se pone en práctica), nadie puede tener un sueldo más alto que el Presidente de la República y el futuro Ejecutivo Federal acaba de hacer público el recorte de su percepción salarial mensual estableciéndola en $108,000 (el actual Presidente percibe al rededor de $249,000 mensuales). Esta medida es altamente nociva para quienes están acostumbrados a vivir más que generosamente bien y es el caso de los Ministros de la Suprema Corte, pues sus percepciones económicas mensuales por concepto del trabajo que realizan oscilan al rededor de $650,000, lo que es altamente ofensivo para quienes, al igual que ellos, desarrollamos un trabajo y percibimos salarios inferiores a los $10,000 mensuales porque la ley permite a los patrones poner en práctica una serie de medidas que lastiman la dignidad y estabilidad laboral.

A este respecto me pregunté ¿cómo se establecen los sueldos y prestaciones de los Ministros de la Corte y quienes los regulan para no caer en estos abusos? Por lo que me di a la tarea de consultar la ley de leyes, el instrumento jurídico que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede violentar y del cual emanan todos los reglamentos y normatividsdes que rigen la vida pública de México: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al consultarla me di cuenta del monstruo judicial que se ha creado con el paso de los años y concretamente en el caso de su salario y prestaciones me encontré con que en la Carta Magna se establece que ellos estructuran su percepción salarial y prestaciones, ellos mismos la aprueban y solo la envían al Congreso para incluir el "detallito" en el presupuesto de egresos del año siguiente. A toda madre ¿no?

Independientemente de eso, también hay una serie de factores que intervienen y que deberían ser revisados, pues por muy Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sean, ninguno de ellos puede estar por encima de la ley, pues su chamba es interpretarla a la luz de los eventos que la involucran y no acomodarla y mucho menos modificarla para su beneficio, lo que aparentemente está sucediendo ahora.

El marco legal Constitucional que modera a los Ministros de la Corte es muy amplio y rebuscado, sin embargo, algunos de los Artículos que hablan del tema y la lectura que hago de ellos son los siguientes.

Art. 97, sexto párrafo - Sobre la protesta de ley

Este Artículo es simbólico pero representa un compromiso moral de cumplir la ley en los mejores términos que les sea posible.

La protesta de ley lo dice clarito: "mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión" y con la actitud que están tomando no están viendo precisamente por la PROSPERIDAD DE LA UNIÓN y aunque no hay sanción por faltar a la protesta de ley, no podemos dejar de lado que están faltando a ella.

Art. 100, décimo párrafo - Sobre la elaboración de su presupuesto

Este punto es clave, pues en este Artículo se especifica que por ley los Magistrados tienen derecho a hacer su propio presupuesto sin supervisión del Congreso y sus comisiones, por lo que simplemente tienen que pasarlo para ser incluido en el presupuesto de la federación, es decir, que sin decir "agua va" pueden pedir prácticamente la cantidad de dinero que les pegue la gana; ¡ah sí! y el funcionamiento de la corte lo administra su Presidente, en este caso, Luis María Aguilar, quien defendió sus millonarias percepciones hace un par de días. Nótese la fecha de la última reforma a este párrafo, 1999, por lo que llevan funcionando así, al menos 20 años.

Ahora, hablando de situaciones complejas para México, este es especialmente delicado, pues en 2001 se presentó una iniciativa de ley en la que se especifica claramente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaborará su propio presupuesto y el Consejo de la Judicatura Federal lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación y cabe mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal lo preside el Presidente de la Suprema Corte, en este caso, Luis María Aguilar ¿y por qué es especialmente delicado? porque en el párrafo se especifica textualmente que el Ejecutivo Federal no podrá modificar los presupuestos, pues el Poder Judicial es autónomo en el manejo de sus recursos económicos.

Y la pregunta del millón... ¿Quién la propuso? César Augusto Santiago Ramírez, ¿Partido? PRI, ¿dónde está ahora? Es Diputado plurinominal de su partido por la Circunscripción 3 del Estado de Chiapas. Este señor tiene la llave para cerrar el problema de la Suprema Corte a favor de los Magistrados y lo único que tiene que hacer es sacar de la congeladora su iniciativa de ley que, según consta en la base de datos de San Lázaro está en la "congeladora", es decir, pendiente de aprobación.

Art. 103, fracc. I, II - Sobre resolución de controversias por normas generales o acción de autoridad federal y local

Este Artículo deja ver dos elementos, los Derechos Humanos incluso a la luz de la legislación internacional vigente reconocida por México y cuestiones que restrinjan la soberanía local. En ambos casos está inscrito en piedra el concepto de bienestar social, es decir, que por encima de todo está la vida digna de los ciudadanos, por lo que el hecho de que los Magistrados de la SCJN se nieguen a solidarizarse con la Nación (y no está demás hacer presentes a los más de 50 millones de pobres, recordando que 10 millones de ellos están en pobreza extrema) violenta en demasía dicho bienestar.

¿Y dónde está la controversia? pues en el hecho de que los Magistrados han actuado con dolo al saber la situación de pobreza que vive el país manteniendo sus altos sueldos y prestaciones, lo que viola claramente el Derecho Humano a tener bienestar y un nivel de vida digno, entonces hay que hacer ciertas preguntas específicas para clarificar de donde viene en realidad la autoridad del Magistrado ¿quién nombra a los Magistrados? El Senado ¿quién los propone? el Presidente de la República en una terna de la que sale uno de ellos para ocupar el cargo ¿y quién elige tanto al Senado como al Presidente de la República? los ciudadanos electores, luego entonces, nosotros deberíamos tener cierto nivel de participación en el presupuesto de la Suprema Corte a través de los funcionarios antes mencionados, ya que ciertamente son autónomos, pero el hecho de no aceptar intervención de tipo alguno los convierte en dictadores y en un descuidito hasta en tiranos.

Art. 109, fracc. I - sobre los servidores públicos que incurren en responsabilidad frente al Estado

Este Artículo es por demás extenso, por lo que solo comentaré brevemente la fracción I. Esto es importante, pues con el actuar de los jueces que saben perfectamente la necesidad que pasa el país, han seguido asignándose onerosos sueldos y prestaciones por el solo hecho de que la ley se los permite, por lo que claramente atentan contra el interés público de la vida digna de familias mexicanas que podrían ser beneficiadas con oportunidades de empleo, construcción de escuelas, aumento de percepciones económicas en programas sociales, entre otras cosas más y pongamos un ejemplo.

Un Ministro de la SCJN dura 15 años en el cargo. Ahora bien, el Ministro más antiguo es José Ramón Cossío Díaz, quien fue designado por Vicente Fox en 2003, lo que quiere decir que este año 2018 concluye su encargo. El ministro Cossío gana aproximadamente $4'230,000 al año; suponiendo que los 15 años recibió una cantidad similar, digamos 4 millones anuales en números redondos, quiere decir que durante su responsabilidad como Ministro de la Corte el sr. se llevó en promedio $60'000,000 (sesenta millones de pesos) SOLO DE SUELDO. Ahora apliquemos el mismo caso a la ministra que sigue en antigüedad, que es Margarita Luna Ramos, nombrada también por Vicente Fox, pero en 2004, por lo que su encargo concluye el próximo año 2019; bajo las mismas condiciones salariales, es decir, que durante su tiempo en la SCJN ganó $60'000,000, quiere decir que solo entre los dos ministros que saldrán entre este año y el que sigue se habrán gastado $120'000,000 (ciento veinte millones de pesos). Y para cerrar, entonces ¿cuánto nos costará el salario que tan merecido tienen, según Luis María Aguilar, solo en este 2018? multipliquemos $60 millones por 11 Magistrado y obtenemos la pequeña y friolera cantidad de $660'000,000 (seiscientos sesenta millones de pesos) SOLO DE SALARIOS.

Para cerrar este segmento del Artículo 109 ¿por qué esto atenta contra interés público? Bien, los costos de reconstrucción de la Ciudad de México que sufrió los terremotos del pasado mes de septiembre de 2017 se calculan en $1,000 millones de pesos. Independientemente de las donaciones y del FONDEN, con $660 millones se hubiese podido avanzar sin problema en el 66% de la reconstrucción de las afectaciones en la capital del país EN SOLO UN AÑO. Si los Magistrados de la corte ganaran lo mismo que AMLO a partir de 2019, es decir $108,000 mensuales, mantenerlos costaría solo $14'256,000 al año, por lo que se tendría un ahorro anual de $645'744,000 ¿Ahora se entiende la magnitud de la afectación que representa tener a Ministros tan caros? Casi el 65% de las familias afectadas ya hubiesen regresado a labores normales. Así las cosas.

Art. 110, primer párrafo - sobre proceso de juicio político

Independientemente de lo que puedan decir las leyes secundarias, es decir, los argumentos que especifican los procedimientos exactos para poner en práctica el texto Constitucional, el hecho de que en este Artículo 110 se mencione que los Magistrados de la SCJN pueden ser sometidos a juicio político nos deja una luz en el camino, una posibilidad de que estos hechos no queden impunes.

Por un lado se sabe que seguramente recurrirán a amparos y controversias constitucionales para no bajar sus percepciones, sin embargo, tarde o temprano, su situación podría terminar en uno de tres factores: o aceptan el ajuste económico, o renuncian a su cargo, o se someten a juicio político. En cualquier caso no podrán conservar las onerosas percepciones con las que viven actualmente y la pregunta es ¿qué tanto tardará esto? Por el bien del país y de la Cuarta Transformación de México, esperemos que no mucho, pues ya depositamos la confianza en un proyecto, muchos medios de comunicación alternativos, entre ellos este, recabamos pruebas, hacemos análisis, criticamos, por lo que la próxima administración pública federal no esta sola, pues cuenta con el respaldo de 30 millones de votantes que optamos por el proyecto obradorista.

López Obrador está en un momento como pocos han habido en la Historia, no solo de México, sino del mundo, pues tiene mayoría en el Congreso Federal, mayoría en más de la mitad de los Congresos Locales, 5 gobernadores, la capital del país, un capital político enorme que lo legitima en el poder (30 millones de votantes) y el reconocimiento y aceptación de la comunidad internacional. El último que tuvo una situación medianamente parecida fue Vicente Fox hace 18 años, desperdició la oportunidad y nunca se había vuelto a presentar algo, no solo parecido, sino incluso mejor.

Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mesa está servida y casi llega la hora de comer ¿estará a la altura de las circunstancias? Todo hace parecer que sí y el tiempo lo confirmará, sin embargo, los demás comensales que, dicho sea de paso, no todos son de su equipo como los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que aún no están listos para comer ¿cómo resolverá este tema?

Tiempo al tiempo y esperamos la favorable respuesta.