Si se invalida el proceso legislativo con el que se avalaron las Reformas, la CJPR afirma que la Corte estaría "sustituyendo al Congreso de la Unión", lo que violaría el principio de división de poderes y el equilibrio entre ellos.
La CJPR argumenta que debe prevalecer el fondo sobre la forma, como lo prescribe el Artículo 17 Constitucional y que la Corte debe seguir este criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad.
La Consejería Jurídica también acusa a la Corte de aplicar 2 parámetros distintos para revisar leyes:
1. Para las leyes del régimen neoliberal.
2. Para las normas que expide la Soberanía Popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México.
La CJPR sostiene que el ministro instructor es omiso en dar cumplimiento al 17 Constitucional al proponer anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022, que son parte del Plan B, con el argumento de que no se cumplieron algunas formalidades del proceso parlamentario, lo cual es falso.
Además, se omite examinar la dispensa de trámite, atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones.
En resumen, la Consejera Jurídica del Presidente López Obrador, defiende la validez del proceso legislativo que avaló las reformas del "Plan B" en materia electoral y considera que la Corte estaría violando el principio de división de poderes si invalida dicho proceso.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario