Si no hay Quinazo... ¿a quién corresponde aplicar la ley en el caso Romero Deschamps?

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Ante las recientes declaraciones sobre el Quinazo de Rocío Nahale, propuesta para la Secretaría de Energía del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso de Carlos Romero Deschamps surgen muchas preguntas, pero la más esencial es:

Si la titular de la Secretaría de Energía dice que no habrá persecución contra Romero, entonces ¿a quién le corresponderían estas acciones?

Esta es una pregunta muy válida porque, si bien es cierto que el señor es líder de un sindicato con un vínculo directo y necesario con una empresa paraestatal en materia energética, no corresponde a la futura Secretaria de Energía iniciar procesos y administrar la justicia contra nadie.

Corresponde, primero, al Secretario del Trabajo

Lo primero que se debe entender es que el caso de Romero Deschamps no es solo judicial, sino también laboral, pues el líder petrolero ha abusado de un poder otorgado por los agremiados del sindicato de trabajadores, pero además dicha autoridad es reconocida y validada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Para que un líder sindical (que es parte de la mesa directiva del sindicato) sea reconocido debe estar registrado y contar con el aval de la Secretaría del Trabajo, según se estipula en el Artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo:

"El registro del sindicato y del su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Precisión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, produce efectos ante todas las autoridades"

Por tal motivo, la primera autoridad federal en inconformarse por el turbio liderazgo de Romero Deschamps frente al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a quien deberían acudir los afectados debería ser Luisa María Alcalde, futura titular de esa dependencia, ya que es esta figura jurídica la que otorga la "toma de nota" cuando se elige a la mesa directiva de un sindicato.

Cabe mencionar que la toma de nota es esencial para el reconocimiento de la mesa directiva de un sindicato, tanto, que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre su necesidad y relevancia respaldando el Artículo 366, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

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Dicho de otra forma, si Romero Deschamps llega con sus típicos golpeadores a quererse imponer basta con que la Secretaria del Trabajo no de la "toma de nota" para que ese liderazgo no sea reconocido.

Intervención del Poder Judicial

Una vez que la Secretaría del Trabajo no da la toma de nota, de ser necesario se realizan los procedimientos siguientes, es decir, si hay inconformidad, tanto por la forma de intervención del implicado en el proceso como por su cuestionable comportamiento, en este caso el actual líder petrolero, corresponderá a los tribunales de conciliación y arbitraje locales y al Poder Judicial Federal realizar las correspondientes averiguaciones al respecto.

Cabe mencionar que quien coordina los trabajos de la judicatura federal es nada más y nada menos que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, celebre personaje que, según él, necesita ganar más de $600,000 mensuales para mantener su ética y autonomía. Por tal motivo le decimos que, si no le va a entrar al plan de austeridad republicana propuesto por el Presidente Electo utilizando la ley más como un pretexto que como un argumento, al menos debería desquitar el salario y, por lo que se ve, tiene MUCHÍSIMA tarea.

De aquí que cuando la Secretaria Nahale dice "Los trabajadores tienen que resolver cuál es la situación del sindicato" no significa que se esté lavando las manos, sino que el Estado respetará la autonomía del Sindicato, sus procesos internos, sus tiempos y las acciones a tomar para su sano desarrollo, por lo que si los trabajadores de PEMEX están inconformes por el liderazgo de Romero Deschamps deben acudir, tanto a la Secretaría del Trabajo como al Ministerio Público Federal y no a la Secretaría de Energía.

Y usted, estimado lector... ¿Qué piensa? Déjenos sus comentarios.

Así es como el Poder Judicial quiere cobrar "sueldazos" que garantizan su "buen juicio": César Duarte libra orden de aprehensión

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Sucedió lo que ya no es novedad. Un ex-gobernador más es beneficiado por el Poder Judicial Federal, ese que es dirigido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar y que defiende su megasueldo y prestaciones muy superiores a las de ley como si fueran perros con hueso.

Esta vez se trata de César Duarte Jaquez, célebre ex-gobernador de Chihuahua y famoso por haberse dado ciertos "gustitos" a costillas del erario público de sus gobernados, como comprar acciones del Banco Progreso Chihuahua o desviar la nada despreciable cantidad de $275 mdp., ya saben, migajas.

El caso César Duarte

Resulta que desde que dejó la gubernatura del Estado en las capaces manos del actual mandatario Javier Corral, quien ha pasdo las de Caín y sigue pagando los platos rotos del gobierno de su antecesor, abandonó el país para irse a vivir a El Paso, Texas en el vecino país del Norte, los Estados Unidos, donde se puede pasear plácida y tranquilamente, como si nada le pesará en la conciencia.

Lo más extraño es que el Estado Mexicano no solicitara la intervención de la Interpol para ubicarlo (talvez porque siempre supieron donde estaba), así como pedir la extradición en cuanto fuera localizado y no fue sino hasta las detenciones de los ex-gobernadores de Veracruz y Quintana Roo Javier Duarte y Roberto Borge, respectivamente, que empezó a sonar la campana ciudadana que pedía la cabeza de Duarte en una estaca fuera de las instalaciones de la PGR.

Ante la presión social (nada raro) el gobierno federal se puso las pilas y empezó a gestionar la extradición de Duarte, pero sin éxito alguno, pues la cosa no está fácil porque no es buscado en los Estados Unidos, ya que no es prioridad para ese país el colaborar con México para detener a quien no respresenta un riesgo para la estabilidad nacional o local.

A pesar de iniciadas las gestiones de extradición, la ineficiencia del Estado Mexicano dio oportunidad a Duarte de para contratar a un super abogado que armara su defensa y, como tiene los milloncitos en la bolsa, cortesía de los Chihuahuenses, pudo pagar los honorarios de Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien representó al Gral. de División Tomás Angeles Dauahare, acusado de delincuencia organizada y nexos con el cártel de los Beltrán Leyva. El Gral. Ángeles, quien es descendiente del Gral. Revolucionario Felipe Ángeles, fue liberado el 18 de abril de 2013 por falta de pruebas, según la PGR de Jesús Murillo Karam.

Ahora, si el abogado Sánchez Reyes pudo liberar a un General de División del Ejército Mexicano acusado por la cuestionada y endeble estrategia de testigos protegidos de la Procuradora Marisela Morales en el sexeio de Felipe Calderón, tanto más si se trata de un civil que no ha delinquido en el país donde se encuentra, además de que no se cuenta con la cooperación de instancias internacionales.

¿Cómo se consiguió el amparo?

Es así que el abogado consiguió que un juez federal, primero, declarara incompetente al juez local con sede en Chihuahua que levantó la orden de arprehensión contra Duarte, para luego consederle un amparo, ya que los presuntos delitos cometidos son de competencia federal y no local. Muy conveniente para el ex-gobernador acusado de desvío de recursos propiedad del erario público.

El Poder Judicial al servicio de poderosos

No es el único caso en que las resoluciones judiciales han salido favorables para un peso pesado de las grandes ligas. También se tienen estos diamantes en bruto:

* Rodrigo Medina, ex-gobernador de Nuevo León, detenido durante un par de horas y liberado con un amparo emitido por un juez federal. El Bronco se quedó con las ganas de alzarse el cuello con la detención de su antecesor.

* Javier Duarte, ex-gobernador de Veracruz, quien por un amparo consiguió que se le disminuyeran la cantidad de acusaciones en su contra. Si tan sólido estaba el caso según el Gobernador Miguel Angel Yunes Linares ¿por qué se consiguió un amparo?

*Andrés Granier, ex-gobernador de Tabasco, quien a pesar de estar detenido, cuenta, literalmente, con un microdepartamento dentro de la prisión por su avanzada edad y estar enfermo. Me pregunto si el resto de los reos de edad avanzada o enfermos tendrán los mismos cuidados.

* Elba Esther Gordillo, ex-lideresa del SNTE, la cual siempre contó con todas las comodidades al estar en el ala médica del penal: comida de restaurantes exclusivos, médico privado las 24 hrs. del día y hasta clases de yoga eran algunos de los "derechos" que Elba Esther tenía en prisión y digo tenía porque recientemente se le concedió arresto domiciliario en su casa de Polanco, CDMX ¿será que intentaron comprar su apoyo para el pasado proceso electoral? No, creo.

El Poder Judicial, megasueldos y prestaciones ¿para qué?

Y todos preguntamos ¿y la imparcialidad y libertad que, en teoría, concede a manera de super poder el hecho de ganar más de $600,000 al mes o un poquito menos? y digo un poquito menos porque una cosa es pertenecer a la SCJN, otra a la Judicatura Federal y otra muy distinta a los tribunales locales, pero independientemente del nivel, se sabe que los juzgadores perciben sueldos y prestaciones bastante generosos.

Recordemos como hace un par de semanas Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la SCJN (a quien le dedicamos una carta), salió a defender públicamente su oneroso sueldo y generosas prestaciones, pues con esto el Poder Judicial podía tomar decisiones libres, con tranquilidad y sin coacciones de tipo alguno. Entonces, si teniendo sueldazos de todos modos hacen estas barbaridades ¿por qué tomar en serio el discurso del Ministro Aguilar si después de todo en eso se queda... solo en un discurso?

El que esto escribe piensa que, después de una muestra más de la ineficiencia del Poder Judicial ¡y de qué tamaño! Andrés Manuel no tiene por qué tenerles consideración. Ya quedó demostrado que el hecho de que ganen bien no es garantía de que hagan un buen trabajo ¿y todavía se atreven a decir que "merecen" el sueldo que ganan y las prestaciones que tienen?

Que me disculpen los Ministros de la Corte y los jueces de todos las competencias, pero para este nivel de justicia, si no quieren trabajar por un máximo de $108,000 mensuales, más prestaciones de ley, que desocupen la oficina, que se salgan con todo y cosas y que se regresen a su casa.

Así las cosas, estimado lector, y usted ¿qué piensa al respecto?